- El dictador criminal Alberto Fujimori está impedido de postular, lo dice la Constitución Política del Perú en el Artículo 34-A de la Ley N° 31402.
- Si el Congreso de los delincuentes y el Tribunal Constitucional bajo control fujimorista cambian, una vez más, las reglas de juego para beneficio del dictador criminal, nos declararemos en insurgencia y haremos un llamado a desconocer el proceso electoral, ya que estaría viciado desde antes de su inicio.
- Keiko Fujimori, una vez más, demuestra que no le importa si sus decisiones perjudican a miles o millones de peruanos. No le importa ni su padre. Es el cáncer que constantemente amenaza la democracia.
- Esta nueva cortina de humo naranja tiene el propósito de desviar la atención del juicio contra la cúpula fujimorista y el propio partido Fuerza Popular por los delitos de lavado de dinero y sobornos conectados con el caso Lava Jato, incluido el liderar una organización criminal.
- Al mismo tiempo, esta burda maniobra distractora le sirve al fujimorismo como pretexto para intentar, una vez más, presentar al dictador criminal como “víctima” ante la justicia interamericana, dado que el indulto ilegal otorgado por Pedro Pablo Kuczynski y ratificado por el Gobierno de Dina Boluarte ha generado que la Corte IDH le exija al Estado Peruano respeto a las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, calificados como crímenes de lesa humanidad en 2012, por lo cual no aplica ningún indulto ni se eliminan las sentencias condenatorias contra el dictador criminal; más aún cuando está probado que Fujimori no tuvo ninguna enfermedad terminal, su salud no se vio deteriorada, él no ha pagado ninguna reparación civil ni ha pedido perdón por sus delitos sino que, por el contrario, se vanagloria por ellos.
- Es un sinsentido que un supuesto moribundo postule al cargo más alto para dirigir los destinos de millones de peruanos, como también es antidemocrático creer que la presidencia del país se puede repartir entre padre e hija, como si de una dinastía oriental se tratara. Los fujimoristas pretenden que, una vez más, el Perú sea una dictadura y ellos, los dueños de la chacra.
- No esperamos nada del Poder Ejecutivo ni de instituciones fundamentales para la democracia como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los medios de comunicación. Su sometimiento al Congreso de los delincuentes es indiscutible desde diciembre de 2022. Nos reafirmamos en exigir QUE SE VAYAN TODOS y se convoque a nuevas elecciones generales en el más corto plazo.
Perú, 15 de julio de 2024
