Durante el último gobierno de Alan García (2006 - 2011), los apristas cometieron una serie de actos reñidos con la ética y la ley que aquí resumimos en quince casos imprescindibles para entender la corrupción y los lobbies en el partido de la estrella. Cuando el APRA gobierna, la plata llega sola.
1. Los Petroaudios
En octubre del año 2008 el Perú quedó conmocionado al escuchar las grabaciones de diálogos entre el miembro de directorio de Perú-Petro Alberto Quimper y el ex-ministro aprista Rómulo León, discutiendo sobre pagos para ayudar a la empresa DiscoverPetroleum de Noruega a ganar contratos con el Estado Peruano.
Con total desparpajo, ambos personajes se felicitaban y coordinaban pagos mensuales de miles de dólares para ellos y para el representante legal de Discover en el Perú, Ernesto Arias-Schreiber en recompensa por haber interpuesto sus “buenos oficios” para que dicha empresa obtuviera contratos de exploración en lotes de petróleo y de gas.
Fue en el marco de este escándalo, que marcó la segunda administración aprista, que se acuñó un término que quedará para siempre escrito en la historia de la corrupción peruana. "Hemos hecho un faenón, hermano", se le escucha decir a Químper.
2. La Suite de Canaán
A medida que se iba desentrañando el escándalo de los Petroaudios, el nivel de involucramiento de funcionarios apristas no tenía como disimularse. A las conversaciones de Quimper y León se sumaron los audios grabados en la suite del empresario Fortunato Canaán.
Allí se destapó que el mismísimo Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, así como los entonces titulares de Salud, Carlos Vallejo primero y Hernán Garrido Lecca después, visitaron en su cómoda suite del Country Club al hombre de negocios dominicano para conversar sobre posibles “negocios” en el Perú.
Este cuestionado empresario también fue recibido por el entonces presidente García en dos ocasiones en Palacio de Gobierno, según lo declaró el propio ex Jefe de Estado.
3. Del Castillo y la Petrolera Monterrico
En el 2008, el entonces premier Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio.
El caso fue descubierto gracias a un audio donde Alberto Químper “Bieto” le comentaba a Daniel Saba, presidente de PerúPetro, sobre una conversación que sostuvo con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez.
Finalmente, la ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año en el Congreso y diez días después, Julio Vera y Jorge del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. El entonces jefe del Gabinete Ministerial intercambió su departamento de Surco, de 213 metros cuadrados, por el de Vera en San Isidro, de 300 metros cuadrados.
4. Los narcoindultos
La Megacomisión integrada por congresistas de diversas bancadas realizó durante muchos meses un trabajo riguroso y serio en el que se recogió testimonios, pruebas, información valiosa que permite determinar que hubo irregularidades y delitos en la masiva conmutación de penas e indultos a delincuentes condenados y procesados.
Durante el gobierno de García se otorgaron 5,500 gracias presidenciales, entre indultos y conmutaciones de penas para presidiarios, de los cuales 400 fueron para condenados por narcotráfico.
Los mismos medios de comunicación han informado como estos delincuentes, a los que García les perdonó la pena, han reincidido prácticamente de manera inmediata en actividades de tráfico de drogas. Con lo que queda demostrado que esta gracia presidencial no sólo se usó de manera indiscriminada sino también irregular.
5. Colegios Emblemáticos
El Gobierno de García suscribió el Decreto de Urgencia 004 quepermitió la elección sin concurso público de las empresas que construyeron los centros educativos denominados “Emblemáticos”. Muchas de estas obras son objeto de cuestionamientos.
6. Agua para Todos, ¡plata para algunos!
El entonces presidente Alan García y los ex ministros Jorge Del Castillo y Hernán Garrido Leccano tuvieron reparos en transgredir la mismísima Constitución para sus negociados.
Los tres urdieron la promulgación de la Ley 28870 (Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento). Resulta que Alejandro Toledo había observado la autógrafa de esta norma. Sin embargo, García, poco después de asumir, desconoció las observaciones y promulgó la ley.
Al amparo de esta norma, se promulgaron después otras leyes, como el D. S. 020-2006-Vivienda, que declara en emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento; y el decreto de urgencia 14-2007, que declara en emergencia diversos proyectos de inversión.
Estos dispositivos, al acelerar los proyectos de saneamiento, habrían generado, en primer lugar, que se entreguen proyectos a dedo y, en segundo lugar, pérdidas al Estado por la mala elaboración de expedientes técnicos.
7. Nava y Don Reyna
Cuando Luis Nava asumió la secretaría de la presidencia de la República, renunció a su empresa de Transportes Don Reyna para evitar generar suspicacias y que lo acusen de conflicto de interés, pero ¿quién se quedó a cargo de la presidencia de la empresa? Su hijo: José Antonio Nava.
Durante todo el Gobierno aprista Transportes Don Reyna mantuvo muy cercanas relaciones de negocios con Odebrecht, la gigante transnacional brasileña, principal contratista del periodo de Alan García.
Transportes Don Reyna fue subcontratista de Odebrecht. La relación entre ambas fue muy estrecha, tanto que la empresa de los Nava compró “cinco volquetes que Odebrecht había traído al país para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur”.
Punto aparte merece el hecho que Transportes Don Reyna es la misma que transportó insumos químicos a COMARSA, la empresa minera vinculada nada más y nada menos que a la familia Sánchez Paredes.
8. Las asesorías de Garrido Lecca
En el año 2009, el ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca fue contratado por Global CST (las siglas significan ‘Comprehensive Security Transformation’), una compañía dirigida por el general retirado israelí, Israel Ziv.
Eso no tendría nada de malo de no ser que ese mismo año, específicamente a finales de abril, Garrido Lecca acompañó al general Ziv en una visita al entonces comandante general del Ejército, Otto Guibovich para iniciar negociaciones destinadas a firmar un contrato de entrenamiento entre el Comando Conjunto de la FFAA y Global CST.
El contrato, que finalmente se firmó el 20 de octubre de 2009, fue denunciado por la Contraloría ante el Ministerio Público que lo viene investigando al hallarse una grosera sobrevaluación.
Estos son solo los casos más importantes en los que los más altos funcionarios apristas utilizaron su posición para beneficiar intereses privados y, obviamente los suyos propios. Como bien señala la consigna de su líder. “la plata viene sola”.
9. Licitaciones a medida en Mivivienda
El entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis Castañeda Neyrautilizaron sus cargos para favorecer con licitaciones amañadas del programa Miviviendaa la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada y nada menos que director y presidente del directorio, respectivamente.
En el 2007 Kapala S.A. obtuvo su primer contrato con el Estado por S/.204,797 y el 2009 el monto ascendió a S/. 4’217,973 soles. En octubre del 2007, cuando Castañeda era jefe de asesores del entonces premier Jorge del Castillo, la constructora también firmó un contrato por S/.34’842,269 con el Ministerio de Transportes.
10. Se robaron dinero de las raciones para damnificados de terremoto de Pisco
El ex jefe del Seguro Integral de salud (SIS), el médico aprista Julio Espinoza Jiménez, fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones utilizando como pretexto la compra de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 en Pisco, Ica y Chincha.
Increíblemente, en junio del 2008 el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, y este pudo salir de prisión.
11. Cofopri y el terrenito de Omar Quesada
En abril del 2010, el secretario general del APRA, Omar Quesada, se vio obligado a renunciar a su cargo de director de Cofopri, ante ladenuncia de la venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima, a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur.
A pesar de que el terreno estaba valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra muy inferior: S/.4.908. Minutos antes de que se aceptara su renuncia, Quesada dispuso la separación de seis de sus funcionarios involucrados.
12. Estadio Nacional costó diez veces más que lo programado
El Instituto Peruano del Deporte anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional con una partida presupuestal de 20 millones de soles, pero la obra terminó costando increíblemente más de 200 millones de soles.
Este robo fue más grande que el propio estadio y estuvieron comprometidos el propio presidente García y el ministro de Educación José Antonio Chang, pues la obra fue excluida del requisito de licitación al declararla como ‘institución emblemática’, como si se tratara de uno los grandes colegios nacionales.
13. El soborno del ex viceministro de Justicia
El ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido y purgó prisión por pretender sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.
14. Los hijtos de Nava y los contratos a Canaán
Giselle Giannotti, ex analista de la empresa Business Track, afirmó que los hijos Luis Nava “le hacían los contratos” al empresario dominicano Fortunato Canaán, uno de los principales involucrados en el escándalo de los ‘petroaudios’.
15. Los convenientes “robos” de los archivos
Así como en 1990, se incendió muy oportunamente el archivo de Palacio de Gobierno, en los días finales del Gobierno de García vimos con repugnancia, como se robaron los expedientes del Ministerio de Salud primero, del Banco de Materiales después y luego de 198 cajas llenas de expedientes de PROVIAS del Ministerio de Transportes. ¡Oh, casualidad! Tres organismos sobre los que pesaban actos de corrupción.
